Con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria se da una mayor coherencia sistemática y racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal. En efecto, el lugar central de la Ley de Enjuiciamiento Civil en nuestro sistema de justicia, como norma encargada de la ordenación completa del proceso civil y de dar plenitud al sistema procesal en su conjunto, es difícilmente compatible con el mantenimiento en su articulado de algunas materias que merecían un tratamiento legal diferenciado, por mucho que su conocimiento correspondiera a los tribunales civiles.
Y a estos efectos, la Ley debe ser destacada, además, como contribución singular a la modernización de un sector de nuestro Derecho que no ha merecido tan detenida atención por el legislador o los autores como otros ámbitos de la actividad judicial, pero en el que están en juego intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas.
Es, pues, uno de los resultados de esta Ley, de tal modo que tan sólo se regularán en su seno los actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial. Por su lado, los expedientes encargados a Notarios y a Registradores se regulan respectivamente en la legislación notarial e hipotecaria, que son modificadas oportunamente en las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Una relación no exhaustiva de los actos de jurisdicción voluntaria que son objeto de regulación en esta novedosa Ley, evidencia su importancia y trascendencia. En materia de personas: autorización judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial, la habilitación para comparecer en juicio y el nombramiento del defensor judicial, acogimiento de menores y adopción, así como las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho, la concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad, la adopción de medidas de protección del patrimonio de las personas con discapacidad o la aprobación judicial del consentimiento prestado a las intromisiones legítimas en el derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. También se regula la autorización judicial para realizar actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes o derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente y la declaración de ausencia o de fallecimiento.
En materia de familia cabe destacar la dispensa de parentesco para contraer matrimonio, la intervención judicial para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad y sobre las relaciones de los menores con sus progenitores, abuelos y demás parientes y allegados y también un expediente para los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales.
En materia de Derecho sucesorio se atribuye a los órganos jurisdiccionales la renuncia o prórroga del albacea, rendición de cuentas y autorizaciones de actos de disposición al albacea, aprobación de la partición de la herencia realizada por el contador-partidor y la autorización de la aceptación o repudiación de la herencia.
Asimismo se disciplinan expedientes relativos a las obligaciones, e igualmente, sobre derechos reales, como el usufructo y el deslinde.
Y finalmente, en materia mercantil: exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad, nombramiento de administrador, liquidador o interventor y disolución judicial de sociedades.